El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar.

W. CHURCHILL

Ley Segunda Oportunidad

¿Qué es?

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, popularmente conocida como  Ley de la segunda oportunidad se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico con el objetivo de paliar las consecuencias sufridas por la crisis económica y financiera que había dejado en la cuerda floja a miles de personas y familias desde 2008.

En este contexto, muchos particulares, autónomos y profesionales habían perdido sus ahorros y veían como sus negocios se tambaleaban por lo que trataron de mantenerse a flote mediante el acceso a créditos y financiación externa. No obstante, dado que su capacidad económica se había visto menguada, finalmente no lograron hacer frente a las deudas.

Habida cuenta de ello, la Ley de la Segunda Oportunidad busca introducir un procedimiento mediante el cual aquellas personas que se han visto sumidas en una situación de insolvencia, ya sea actual o inminente y que, por lo tanto, no pueden hacer frente a los créditos ante la falta de bienes y dinero, puedan volver a comenzar y liberarse del lastre de sus deudas.

in new york city, manhattan, usa

PREGUNTAS FRECUENTES

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

FASE EXTRAJUDICIAL

El listado de acreedores consistirá en indicar todas aquellas personas físicas y juridicas (entidades bancarias, financieras,etc) a las que se le adeuda importes por cualquier concepto (préstamos, créditos, etc) con indicación detallada de estas (importe, vencimiento, concepto,etc)

Se deberá hacer constar cualquier bien y/o derecho del que el deudor sea titular como por ejemplo vehículos, planes de pensiones, participaciones, acciones, inmuebles,etc.

Tal como establece el precepto 231.3.1º LC:

No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

Se deberá hacer frente a los gastos de notario u organismo análogo, honorarios del Mediador y Administrador Concursal, además de la minuta de su abogado y, de ser necesario, la del procurador. Los mismos variarán en función del importe al que asciendan las deudas y el valor del activo.

Se trata del órgano encargado de mediar entre el deudor y sus acreedores. Tramitará la fase extrajudicial, encargándose de la convocatoria de la junta, remisión de la propuesta e intervención en la Junta de Acreedores. Se designará por el notario u organismo análogo seleccionado de forma secuencial de aquellos incluidos en la lista oficial (art. 233 LC).

Se trata de una propuesta que se remite a los acreedores donde, en general, se propone una quita y espera de máximo 10 años respecto de la deuda (art. 236 LC). La misma se calculará en función de la capacidad de pago del deudor según sus gastos e ingresos. 

FASE JUDICIAL

En el caso en que no se llegue a ningún acuerdo extrajudicial, el Mediador presentará demanda de concurso consecutivo ante el Juzgado competente encargado de declarar mediante Auto el inicio del procedimiento concursal.

Se trata del órgano encargado de tramitar la fase judicial. Será designado por el Juzgado, encargado de intervenir las facultades del deudor velando por los intereses del concurso y realizando las acciones relativas a la liquidación del activo. entre otras funciones (art. 27 y ss. LC). Generalmente, se designará como tal a la misma persona que fue Mediador en al fase extrajudicial 

El deudor, por lo general, verá suspendidas las facultades sobre su patrimonio. En ese momento, será el Administrador Concursal el encargado de aprobar los gastos que se puedan efectuar y liquidará los bienes y/o derechos del deudor siguiendo lo establecido en el Plan de Liquidación aprobado por el Juzgado.

Los créditos concursales serán aquellos generados previa declaración de concurso, los cuales se pagarán, en su caso, una vez concluido en el concurso según el orden establecido legalmente tal como establezca el Administrador Concursal.

En cambio, los créditos contra la masa serán los que se generen con posterioridad (por ejemplo, facturas de suministros de luz, agua, colegios…), los cuales normalmente se tendrán  al corriente de pago.

En principio, la segunda oportunidad busca que el deudor empiece con el “contador a cero” tanto en cuanto a deudas como al activo. 

No obstante, pueden existir excepciones, siendo las más habituales los casos de  vehículos que, por sus condiciones, carezcan de valor de mercado o viviendas habituales al corriente de pago de las cuotas hipotecarias y cuyo valor de mercado sea inferior a la carga hipotecaria pendiente.

También podrán excluirse aquellos bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial.

Sin perjuicio de ello, no es una ciencia exacta por lo que se deberá tener en cuenta las condiciones particulares de cada asunto, el criterio del Administrador Concursal así como la aprobación judicial. 

Los créditos mantienen una calificación en función de su naturaleza. En este sentido, de existir créditos privilegiados – por ejemplo, parte de los créditos públicos a favor de organismos como Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social – y los créditos contra la masa se deberán incluir en un plan de pagos a cinco años. 

*   Es importante recalcar que el contenido de la presente página web es meramente orientativo a los efectos de informar a grandes rasgos sobre el procedimiento de segunda oportunidad. No obstante, deberá analizarse la situación particular de cada asunto en aras de determinar correctamente las afecciones que el presente procedimiento pueda tener en casa asunto. En este sentido, pueden existir múltiples variaciones a las explicaciones anteriores dependiendo de las características del caso concreto. Cada situación es única y particular.