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DERECHO CONCURSAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA (COVID-19)

DERECHO CONCURSAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA: COVID-19

INCIDENCIA DEL ESTADO DE ALARMA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

La propagación del virus COVID-19, popularmente conocido como coronavirus, cuyo brote fue declarado como pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 de marzo de 2020, ha azotado duramente a la economía mundial como consecuencia del elevado número de contagios, así como por el aumento de la mortalidad.

En este contexto, a nivel estatal, siguiendo las recomendaciones sanitarias y ante la rápida propagación del virus,  el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma mediante el Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo. La cuarentena impuesta se ha reforzado ante la llegada de la semana con el objetivo de reducir al mínimo la movilidad de la ciudadanía, de forma que la propagación del virus se consiga ralentizar. En este sentido, se han dispuesto sucesivas normativas en aras de paliar el impacto social, económico y laboral de la pandemia que, habida cuenta de la rapidez de sus actualizaciones y novedades, les recomiendo hacer su seguimiento en el BOE.

El ámbito concursal tampoco se ha librado de la incidencia en su regulación, incorporándose en el precepto 43 en el Real Derecho Ley, 8/2020 de 17 de marzo, mediante el cual se dispone que (i) el deudor no mantendrá el deber de solicitar la declaración de concurso durante el periodo que perdure el Estado de Alarma, (ii) ni tampoco aquél que hubiera comunicado el inicio de negociaciones con anterioridad y, además, (iii) los Juzgados no tramitarán solicitudes de concurso necesario que se presenten durante dicho Estado ni en los dos meses posteriores.

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 43. Plazo del deber de solicitud de concurso.
1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Adicionalmente, habida cuenta del impacto laboral por el que muchas mercantiles en concurso de acreedores han iniciado solicitudes de ERTE respecto de su plantilla, se ha incorporado regulación mediante el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo

En este sentido, se incorpora la Disposición transitoria cuarta en la que establece que las solicitudes de ERTE por la incidencia de COVID-19 realizadas ante el juez del concurso hasta el momento, tendrán plena eficacia. No obstante, aquellas en las que no se haya dictado resolución por el juez, deberán presentarse ante la autoridad laboral competente aunque mantendrán la validez las actuaciones previas llevadas a cabo hasta el momento.

Finalmente, incorpora modificaciones al Real Decreto Ley 8/2020 mediante la Disposición Final Primera, siendo el punto dieciséis el que incide en el tema que aquí ocupa. Dicha disposición viene a introducir las especialidades que serán de aplicación al caso de ERTES solicitados por empresas en concurso que, en síntesis, son las siguientes:

  • Las solicitudes o comunicaciones se formularan por la empresa concursada con autorización de la Administración Concursal – facultades intervenidas – o directamente por esta segunda – facultades suspendidas- ante la Autoridad Laboral.
  • La Administración Concursal será parte en el periodo de consultas y  será quien deba autorizar o adoptar las medidas respecto a la suspensión o reducción de la jornada de no alcanzar acuerdo (dependiendo si las facultades de la concursada se encuentran intervenidas o suspendidas).
  • Se informará telemáticamente y de forma inmediata al juez que conozca del concurso tanto de la solicitud, resolución y las medidas adoptadas.
  • Respecto a las impugnaciones, serán conocidas por:
    • El juez del concurso mediante el procedimiento del incidente concursal en materia laboral siendo su sentencia recurrible en suplicación, respecto impugnaciones relativas a la decisión empresarial (aquellas incluidas en el art. 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 2/2015 y art. 33.6 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre) .
    • La autoridad laboral resolviéndose en la jurisdicción social aquellas relativas a la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor (art. 33.5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre)

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – CAPÍTULO II -Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia del COVID-19 – Sección 1.ª Apoyo a la industrialización

[…] La coyuntura económica originada por la crisis sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, bien la dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que se considera imprescindible que estas empresas puedan acceder en las circunstancias actuales a un ERTE cuando hayan sido afectadas por la situación derivada del COVID-19. De esta manera, estas empresas podrían no ver menoscabada su viabilidad al poder disfrutar de las ventajas asociadas a los ERTEs del Real Decreto-ley 8/2020: la posibilidad de acceso en caso de afectación por la situación derivada del COVID-19; una tramitación más ágil, prácticamente inmediata en caso de fuerza mayor; la reposición de la prestación por desempleo; y la exoneración (parcial o total, según el número de trabajadores) en caso de ERTE por causa de fuerza mayor.

Como contrapartida, para asegurar que solo aquellas empresas concursadas que resulten viables puedan acogerse a los beneficios que estas medidas suponen, se declara expresamente aplicable la Disposición Adicional Sexta, sobre salvaguarda del empleo, sujetando, por tanto, el acceso a dichas medidas a la presentación de un compromiso de mantenimiento de empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Sección 2.º Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos

IV […] Finalmente se introduce una Disposición adicional decimonovena ante la situación generada en la Administración de Justicia derivada de la pandemia del coronavirus, se determina que el Gobierno aprobará un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y así como en al ámbito de los Juzgados de lo Mercantil. En estos concretos ámbitos de actuación judicial es previsible que se produzca un notable incremento de los de asuntos como consecuencia del aumento del número de despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial o declaraciones de concursos y reclamaciones de consumidores entre otras actuaciones. […]

Disposición transitoria cuarta. Previsiones en materia de concursos de acreedores.

1. Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma legal.

2. Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez a los efectos del nuevo procedimiento.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

[…] Dieciséis. Se introduce una nueva Disposición adicional décima «Especialidades en aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas», que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las medidas previstas en este capítulo para los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, serán de aplicación a las empresas en concurso, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho contemplados en los artículos 22 y 23.

2. Se entenderá normativa reguladora a los procedimientos referidos en el apartado anterior la prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las especialidades previstas en los artículos 22 a 28 y disposición adicional sexta de este real decreto-ley, sin que resulte de aplicación el procedimiento del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3. No obstante, resultarán aplicables a la tramitación y resolución de dichos procedimientos las especialidades siguientes:

a) Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa concursada con la autorización de la administración concursal, o por la administración concursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales.

b) La administración concursal será parte en el período de consultas previsto en el artículo 23 de este real decreto-ley.

c) La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o reducción de jornada, en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá contar con la autorización de la administración concursal o ser adoptada por esta, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el periodo de consultas.

d) En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos.

e) En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, será el juez del concurso el que conozca de las impugnaciones a que los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

g) En los supuestos del apartado 5 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se realizará ante la jurisdicción social».

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